Racismo
La mayoría de las inmobiliarias normalizan la discriminación en el acceso al alquiler

El 72% de las inmobiliarias ejercen discriminación directa absoluta. El 81% de las restantes, la ejercen de manera relativa. ¿Qué quieren decir estos datos del último informe de la organización Provivienda ¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado de alquiler?  Que si es usted una persona migrante le será muy difícil encontrar una inmobiliaria que entienda que el derecho a la vivienda no puede estar limitado por la discriminación por razón de raza u origen. Provivienda, entidad del tercer sector especializada en exclusión residencial, decidió replicar otras investigaciones en el ámbito territorial donde trabaja —que incluye Madrid, Barcelona, Granada o Alicante. “Con el programa de no discriminación llevábamos muchos años trabajando en intervención, pero hace dos años nos decidimos a arrancar con investigación en este ámbito”, afirma Elena Martínez, responsable de Investigación de la organización”.

Como toda discrimación basada en la raza y origen el nivel de exclusión está relacionado con los grados de alteridad y la estigmatización de determinados colectivos a los que se presupone menor capacidad económica. Un filtro que se activa desde el primer momento que la persona llama para interesarse por un piso. Así, telefonear con un acento extranjero, o con un uso limitado de la lengua reduce las posibilidades de alquilar. Si la alteridad no se ha notado en ese intercambio telefónico, puede ser en la visita al piso donde se activan las alertas hacia el otro. No solo el acceso a la vivienda, sino las condiciones de permanencia, están ligadas estrechamente a esta mirada discriminatoria.

“Desde el plano del acceso comprobamos que les pedían un exceso de documentación, se les pide más contratos indefinidos, más avales, más garantías, más documentación. Les engañan y les dicen que la vivienda está ocupada, o se les introducen claúsulas abusivas en los contratos”

“Desde el plano del acceso comprobamos que les pedían un exceso de documentación, se les pide más contratos indefinidos, más avales, más garantías, más documentación. Les engañan y les dicen que la vivienda está ocupada, o se les introducen claúsulas abusivas en los contratos”, refiere Martínez. Silvia, migrante venezolana que ha participado en la investigación ofrece su propia experiencia: “Cuando preguntamos por los requisitos, si vamos directamente a la agencia o pedimos una cita, son inalcanzables. Hoy estaba con una compañera que estaba viendo un piso, y le pidieron tres meses de fianza, cómo una pone tres meses de fianza aparte las dos nóminas. Y además te piden un aval”. 

Para poner datos y porcentajes a una percepción muy extendida entre las personas migrantes Provivienda ha utilizado la metodología del Testing. ¿Qué es? Primero llama una persona nativa española para interesarse por un piso o preguntar por otros de similares condiciones. Luego llama una persona con acento extranjero para interesarse por la misma vivienda. Ambos cuentan con una situación económica y composición familiar similar. Sin embargo: A una misma llamada hay resultados diferentes. Ese es un tipo de testing, el otro, solicitar como presunto propietario que el piso que se pone a disposición de la inmobiliaria no sea alquilado a personas migrantes. En una lógica de satisfacer al cliente, las empresas intermediarias de alquiler no ponen reparos a sus pretensiones discriminatorias. La organización, que lucha contra la exclusión residencial, lo han contrastado en los diversos territorios donde tiene presencia: Barcelona, Granada, Madrid y Alicante.

El hecho de ser migrantes conlleva pues a una serie de prácticas diferenciales, denuncian en el informe, las personas entrevistadas refieren recibir un peor trato que las autóctonas, no se reduce a una cuestión de amabilidad, se les enseña un menor número de pisos y en peores condiciones. Quienes peor lo tienen: las familias con hijos, especialmente las monomarentales. Según las estadísticas los propietarios tienen problemas con los hijos en general, independientemente de su origen, pero son las familias de origen migrante, y en particular las que solo tienen un adulto a cargo, en general una mujer, las que más dificultades tienen en el acceso a la vivienda. “La mayoría de personas deciden tomar una habitacion, pero una habitación cuesta como un piso, te cobran 300, 400 euros. Cuando yo estaba buscando, me pedían dos meses de fianza más el mes en curso, y no me aceptaba con los tres adolescentes”. 

Distintas formas de discriminar

Por discriminación directa absoluta, según apuntan, se entiende la práctica de vetar el acceso de personas migrantes a determinadas viviendas. Algo sencillo de demostrar: cuando quien llama por una oferta tiene acento extranjero el piso está ya alquilado, cuando la llamada la emite una persona autóctona, el piso sigue oportunamente libre. Pero hay otras formas de excluir menos evidentes: la discriminación directa relativa se basa en pedir requisitos más exigentes u ofrecer peores condiciones a la población migrante, con efecto disuasor, dada la dificultad de cumplir con los mismos. Por último está la discriminación indirecta, que tiene que ver con la imposición de requisitos que, pareciendo a priori neutros, perjudican y excluyen de facto a estos colectivos.

La mirada discriminatoria está tan normalizada que, aún cuando el 27.5% de los comerciales no aceptan excluir directamente a las personas migrantes del acceso a un alquiler, aceptan hacerlo de manera relativa: “permiten anunciar el piso más caro, pedir permiso de residencia, aumentar condiciones de la fianza, pedir excesiva información económica, recoger información en detalle del número de personas de la unidad de convivencia, reducir períodos de contrato, incluir cláusulas de recuperación de la vivienda u ofrecer la vivienda aún en malas condiciones, por ejemplo, con humedades”, demanda el informe.

Se desarrolla una suerte de mercado paralelo dedicado a estas personas a las que no se considera dignas de las mismas viviendas que la población autóctona: pisos en zonas periféricas, casas menos espaciosas, viviendas con graves problemas de habitabilidad

En este sentido se desarrolla una suerte de mercado paralelo dedicado a estas personas a las que no se considera dignas de las mismas viviendas que la población autóctona: pisos alejados en zonas periféricas, casas menos espaciosas, viviendas con graves problemas de habitabilidad que o se entregan ya dañadas o apenas acondicionados y de cuyos desperfectos y averías el propietario no se responsabiliza.

La discriminación no se limita solo al momento del acceso suponiendo un primera filtro: el mantenimiento del hogar también se torna más difícil cuando se viene de afuera. Aquí los imaginarios racistas se activan de diversos modos: en forma de problemas de convivencia con las personas vecinas, de relaciones conflictivas con los caseros, o de condiciones que limitan los derechos de las personas inquilinas y se traducen en una alta movilidad residencial que dificulta asentar los proyectos de vida.

Ante estas dificultades las personas migrantes tienen que activar sus propias estrategias para no quedarse en la calle. La centralidad de la red, sea para encontrar una solución habitacional, sea para facilitar la permanencia en los pisos cuando se generan complicaciones en el pago del alquiler, es patente entre quienes no pueden contar con los cauces habituales para conseguir un techo. El subarriendo se convierte en una práctica habitual ante la dificultad de llegar a acuerdos directamente con los propietarios.

“Primero se comparte una habitación, luego alquilas ya la habitación para ti sola, y finalmente, consigues alquilar un piso”, resume Silvia, quien finalmente esta contenta porque tiene un piso de dos habitaciones, “aunque los adolescentes no lo pasan tan bien porque comparten una habitación pequeña, pero al menos tenemos un techo”. Así, se dan numerosas situaciones de hacinamiento o convivencia de varios núcleos familiares en una misma vivienda, situación que puede generar conflicto y que en todo caso dificulta el ejercicio del derecho a una vivienda adecuada. La situación generada por el covid-19, añade el informe, ha agravado esta situación: muchas personas migrantes empleadas en sectores esenciales han tenido que seguir trabajando para volver después a viviendas llenas de personas expuestas al contagio. 

Sin apenas protección institucional

¿Cómo afrontar estas prácticas discriminatorias tan comunes como normalizadas? La investigación de Provivienda bebe de otras experiencias similares realizadas tanto en el Estado español —en el informe destacan las realizadas por SOS Racismo o CEAR Euskadi— como en otros países europeos. Todas ellas demuestran que si la situación exclusión residencial basada en el origen es evidente, mucho menos evidentes son las herramientas para combatirlo.

Para empezar, no siempre resulta fácil contrastar que esa exclusión sea real (que el piso por el que se llama no esté realmente alquilado, o que las condiciones exigidas sean distintas en base al origen). Por lo que las personas no son siempre conscientes de estar siendo discrimanadas, y menos en un mercado de la vivienda tan distorsionado y poco garantista como el estatal.

“El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU insta a los Estados a ‘suprimir los obstáculos que impidan a los no ciudadanos disfrutar de los derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo en la vivienda”, recuerda el informe, que alerta sin embargo, de que esta mirada no afecta a los propietarios privados, tolerando zonas de indefensión. Por otro lado, es escaso el desarrollo normativo en torno a esta cuestión, el estudio lamenta que la única iniciativa legislativa a nivel estatal, “el Anteproyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación”, no fuera aprobada en su momento. 

Además, las prácticas discriminatorias no son siempre identificadas o demostrables por quienes las sufren, difíciles de denunciar al carecerse de un marco normativo claro, y con un régimen sancionador pobre. Solo el ayuntamiento de Barcelona ha introducido un precedente con la multa a una inmobiliaria denunciada por anuncios discriminatorios.

Casi una cuarta parte de la población autóctona se mostraría contraria, de manera explícita, a arrendar una vivienda a población migrante, y otra cuarta parte intentaría evitarlo

Pero si algo sedimenta este tipo de discriminaciones como prácticas habituales que no son cuestionadas ni por propietarios ni inmobiliarias, opina Martínez, es la poca instalación en el sentido común de que el acceso a la vivienda es un derecho que está por encima de la discreccionalidad de quien pone en el mercado un bien privado. De hecho, encuestas como las del CIS OBERAXE, citada en el informe, muestran que casi una cuarta parte de la población autóctona se mostraría contraria, de manera explícita, a arrendar una vivienda a población migrante, y otra cuarta parte intentaría evitarlo. Para Martínez hay una relación entre las limitadas políticas públicas en este ámbito y un sentido común que considera la vivienda como una propiedad privada, por encima de un derecho:  “Creo que las políticas públicas son un reflejo de la sociedad,pero tambien pienso que la sociedad es un reflejo de las políticas, tienen una labor de sensibilización, de comunicación, no solamente de legislación”

Para combatir este sentido común la organización apunta a la necesidad de concienciar tanto a inquilinos como a inmobiliarias en este ámbito, habilitar oficinas de información y orientación que apoyen a las personas migrantes en la búsqueda de la vivienda, revisar los propios planes de vivienda públicos o del tercer sector, que pueden reproducir criterios discriminatorios excluyendo a las personas en función de determinados requisitos, la inclusión en las políticas de la vivienda de medidas transversales contra la discriminación, y el refuerzo del marco normativo y el régimen sancionador. “Para mi hay una conclusión fundamental del informe: la discriminación es un fenómeno normalizado. No se trata de demonizar a nadie sino poner sobre la mesa que esto está normalizado, y que es una situacion que viola los derechos de las personas”, cierra Martínez.